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En el marco de las discusiones sobre la transparencia y la integridad de los servidores públicos de cara a las próximas contiendas electorales en México, el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, ha manifestado su disposición a someterse voluntariamente a una prueba de polígrafo. Esta medida busca complementar el esquema de rendición de cuentas conocido como «6 de 6», una iniciativa impulsada en la entidad para ampliar los mecanismos tradicionales de control y evaluación de la clase política.
La trayectoria de Kuri González en la función pública ha estado acompañada por la adopción de diversos instrumentos de fiscalización. Desde sus primeras incursiones en la política local y legislativa, cumplió con la presentación pública de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses (el modelo conocido originalmente como «3 de 3»). Posteriormente, ya al frente del Poder Ejecutivo estatal, el mandatario dio seguimiento a este compromiso al someterse a mecanismos adicionales de transparencia e integridad institucional, integrando pruebas toxicológicas y patrimoniales que derivaron en la propuesta de ampliar estos filtros a un formato más riguroso.
La propuesta de incorporar evaluaciones toxicológicas y de polígrafo cobra relevancia ante el contexto de seguridad que atraviesan diversas regiones del país, donde se han registrado señalamientos y casos sobre la eventual infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras gubernamentales y en los procesos de selección de candidatos. Frente a este panorama nacional, la adopción de controles de confianza extraordinarios se plantea como una herramienta preventiva para ofrecer mayor certeza y confianza a la ciudadanía respecto a la idoneidad y antecedentes de quienes buscan aspirar a un cargo de representación popular.
El mandatario estatal sostiene que el sometimiento a este tipo de pruebas de control de confianza no debe interpretarse como una medida coercitiva, punitiva o limitada a intereses de un solo partido político. Por el contrario, argumenta que debe asumirse como un ejercicio de voluntad política y responsabilidad ética que fortalezca de manera integral los filtros institucionales, asegurando que únicamente los perfiles más calificados y comprometidos con la legalidad accedan a las candidaturas y a la función pública en el estado.
