La presidenta del PRI en Querétaro y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, llamó a fortalecer las instituciones y garantizar que ningún servidor público se encuentre por encima de la ley, al referirse a los recientes acontecimientos relacionados con Sinaloa.
Arredondo Ramos señaló que las acusaciones presentadas el pasado 29 de abril por fiscales federales de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa representan señalamientos de gravedad, al estar relacionados con presuntos delitos de narcotráfico, corrupción y protección a integrantes del crimen organizado.
Ante este tipo de acusaciones, sostuvo que corresponde realizar investigaciones profundas, transparentes y con plena cooperación entre las instituciones, sin consideraciones partidistas.
La dirigente priista afirmó que no es posible combatir de manera efectiva al crimen organizado si existe sospecha de que funcionarios encargados de enfrentarlo pudieran estar vinculados con actividades ilícitas. Añadió que la seguridad de las familias mexicanas debe estar por encima de cualquier interés político o personal.
También se refirió a la situación política de Sinaloa tras el intento de Rubén Rocha Moya de regresar a la gubernatura luego de 112 días de licencia y su posterior separación nuevamente del cargo, lo que, dijo, refleja la dimensión de la crisis política que atraviesa esa entidad.
“México necesita instituciones fuertes, autónomas y capaces de investigar a cualquier persona, independientemente de su partido, cargo o cercanía con el poder. Ante una acusación seria, la respuesta no puede ser el encubrimiento; debe ser la investigación y la rendición de cuentas”, señaló.
Respecto a la propuesta planteada recientemente por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, para establecer nuevos mecanismos de revisión de quienes aspiren a una candidatura, Arredondo Ramos aseguró que el PRI Querétaro está dispuesto a respaldar instrumentos que contribuyan a garantizar perfiles íntegros.
Sin embargo, consideró que la discusión debe ir más allá de establecer nuevos requisitos electorales, pues actualmente el INE y el IEEQ cuentan con mecanismos como la declaración “8 de 8 contra la violencia”.
La diputada federal planteó que, además de revisar quiénes pueden ser candidatos, es necesario analizar qué mecanismos existen para actuar cuando un funcionario en ejercicio enfrenta investigaciones relacionadas con corrupción, delincuencia organizada u otros delitos graves.
Arredondo Ramos también presentó datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de acuerdo con los cuales, durante 2025, el costo promedio de la corrupción por ciudadano alcanzó los 5 mil 432 pesos, un incremento de 15 por ciento respecto a 2023 y el nivel más alto registrado en una década.
Ante este panorama, el PRI Querétaro propuso avanzar en tres líneas principales: modificar los procedimientos para elegir a titulares de contralorías, fiscalías y organismos encargados de combatir la corrupción, privilegiando perfiles profesionales e independientes; establecer mecanismos permanentes de vigilancia con participación ciudadana, incluida la posibilidad de crear una figura ciudadana especializada en materia anticorrupción; y definir procedimientos claros y expeditos para actuar ante servidores públicos sujetos a investigaciones por posibles actividades delictivas, siempre bajo el debido proceso y la presunción de inocencia.
La presidenta estatal del PRI reconoció que Querétaro presenta indicadores comparativamente favorables frente a otras entidades, pero advirtió que esto no debe generar complacencia, debido a que la corrupción continúa siendo uno de los principales retos del país.
“En Querétaro debemos adelantarnos. Queremos instituciones que funcionen independientemente de quién gobierne. La integridad no debe revisarse únicamente durante una campaña electoral; debe exigirse desde el primer hasta el último día en el servicio público”, afirmó.
Finalmente, Arredondo Ramos aseguró que el PRI Querétaro continuará impulsando acciones en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, al considerar que la seguridad y el combate a la corrupción deben mantenerse al margen de colores partidistas.
Sostuvo que cualquier persona que cometa un delito debe responder ante la justicia y que quienes ocupen cargos públicos tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía.
