El Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, aclaró que la suspensión de la corrida de toros que estaba programada en la entidad no derivó de un mandato ejecutorio directo del Poder Ejecutivo, sino que fue una decisión asumida de manera particular por el propio empresario organizador. Esta determinación privada ocurrió como consecuencia directa del análisis de la resolución emitida por un juez federal dentro del desahogo de un juicio de amparo interpuesto contra la realización del festejo taurino.
Frente a las inquietudes vertidas por los medios y la ciudadanía sobre el alcance de dicha resolución judicial y sus posibles repercusiones en los reglamentos municipales o en la legislación estatal vigentes, el funcionario precisó que la indicación jurídica debe ser atendida mediante los cauces legales ordinarios dentro del sistema judicial. Gudiño Torres puntualizó que la empresa promotora evaluó los alcances, términos y planteamientos jurídicos dictaminados en la sentencia de amparo para optar voluntariamente por la cancelación del evento en tanto concluyen los procesos del litigio.



