La diputada federal por Querétaro, Tania Palacios, puso sobre la mesa una propuesta legislativa de mano dura contra la colusión institucional, planteando una pena de 80 a 140 años de prisión y el carácter de imprescriptible para cualquier funcionario público que utilice el poder del Estado para colaborar con el crimen organizado. La legisladora argumentó que este tipo de acciones no pueden considerarse simples faltas administrativas, sino una traición directa a la nación que amerita sanciones ejemplares.
Durante su exposición, Palacios cuestionó la narrativa tradicional de que la delincuencia organizada simplemente «se infiltra» en las estructuras de gobierno de manera sigilosa. Sostuvo que el ingreso del crimen a las esferas de poder no ocurre por arte de magia, sino porque alguien dentro de las instituciones le abrió la puerta, le protegió, le facilitó espacios o decidió mirar hacia otro lado ante una epidemia de ceguera institucional selectiva.
La iniciativa también pone el foco en el impacto social y generacional que la impunidad oficial genera en la niñez y en las familias. La diputada enfatizó que no se le puede exigir valentía y resistencia a una madre o a jóvenes que crecen en entornos vulnerables mientras se tolera la cobardía y el contubernio desde las altas esferas del poder público.
Para evitar abusos, la propuesta aclara que no se busca criminalizar rumores, fotografías aisladas o acusaciones de carácter político, sino sancionar conductas probadas y la participación directa de servidores públicos. El objetivo central es garantizar que el poder gubernamental no funcione como un chaleco antibalas para proteger a los delincuentes.
En su planteamiento, Palacios remarcó que el crimen organizado no puede tener bajo su servicio a gobernadores, funcionarios ni instituciones del Estado, y mucho menos permitirles influir en los procesos electorales o en las decisiones fundamentales que afectan a la ciudadanía.
Finalmente, la iniciativa lanza una pregunta directa e incómoda hacia los distintos actores políticos sobre la necesidad de definirse sin medias tintas. Bajo la premisa de que «o gobiernas contra el crimen o gobiernas con el crimen», la propuesta busca erradicar la llamada narcopolítica y asegurar que aquellos servidores públicos que cambien a los ciudadanos por los criminales terminen pagando con la máxima pena en prisión.
