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El litigio en torno al rancho El Salto, ubicado en el municipio de Huimilpan, corresponde estrictamente a una disputa sucesoria y de índole familiar, descartando que se trate de un despojo de tierras perpetrado por agentes externos, según precisó Ricardo Karim Cortés Escobar, representante legal de María Guadalupe Fernández Villanueva, conocida como Doña Pita.
La precisión jurídica surge en respuesta a los señalamientos públicos emitidos recientemente por integrantes de la familia Orquiza Fernández, con el fin de contextualizar los procesos judiciales que se dirimen en los tribunales. El origen del conflicto patrimonial radica en la disposición testamentaria del cónyuge fallecido de Doña Pita, quien la instituyó como única y universal heredera de sus bienes. Tras la apertura de la sucesión, uno de los hijos del matrimonio fue designado albacea, figura legal obligada a salvaguardar la masa hereditaria y ejecutar la última voluntad del testador.
No obstante, la defensa legal sostiene que dicho albacea realizó actos de disposición indebidos al donar parte del inmueble —reclamado como parte del haber hereditario de Fernández Villanueva— en favor de su propia hija y de uno de sus hermanos. Dicha transmisión de dominio se habría efectuado mediante el uso de un poder notarial cuya legalidad, alcance y validez formal se encuentran actualmente impugnados en las instancias legales correspondientes.
