El Secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, denunció públicamente que detrás del reciente bloqueo en la carretera federal 57, específicamente a la altura de la comunidad de La Versolilla, existen intereses políticos ajenos a las necesidades reales de los habitantes. De acuerdo con el funcionario, estas interferencias externas son las que han frenado la conexión de un pozo estratégico que fue diseñado precisamente para garantizar el abastecimiento de agua potable en diversas localidades de esa región.
La problemática se originó luego de que se cancelara el proyecto hídrico conocido como El Batán. Ante este escenario, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) puso en marcha un plan de contingencia para desarrollar la infraestructura necesaria y conectar a las comunidades afectadas con un pozo ubicado en La Versolilla. Esta medida se tomó de forma preventiva, ya que las autoridades estatales tenían conocimiento previo de que el pozo original de la zona sufriría una disminución gradual e inevitable en su volumen de agua. Sin embargo, el desarrollo de la obra coincidió con el contexto preelectoral, coyuntura que fue aprovechada por ciertos grupos para difundir rumores falsos entre los pobladores, asegurando erróneamente que el recurso extraído no sería para consumo comunitario, sino que se destinaría a empresas refresqueras, campos de golf y desarrollos residenciales de lujo.
Mientras se consolidaba una solución definitiva, el gobierno del estado mantuvo un operativo constante de distribución de agua a través de camiones cisterna o pipas. Paralelamente, los equipos técnicos realizaron maniobras de mantenimiento en el pozo original, tales como el cambio de bombas y el cepillado de la estructura. A pesar de estos esfuerzos, los especialistas en la materia advirtieron que prolongar dichos trabajos bajo esas condiciones técnicas provocaría un colapso total de la fuente de abastecimiento, una situación crítica que terminó por materializarse hace aproximadamente nueve días.
La tensión en la zona se incrementó durante los intentos de diálogo, ya que el secretario señaló que los representantes del gobierno estatal enviados a negociar fueron recibidos de manera violenta. En estos acercamientos se registraron agresiones físicas, lanzamiento de piedras y amenazas directas por parte de un sector de los manifestantes, quienes portaban objetos punzocortantes y palos.
Ante el riesgo a la integridad física y las severas afectaciones económicas y de movilidad que genera el cierre de esta importante vía federal —la cual impacta directamente al transporte de carga y de pasajeros en el tramo que conecta a los estados de Guanajuato y San Luis Potosí—, la administración estatal solicitó formalmente la intervención de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, para destrabar el conflicto y liberar la circulación, ya se integró personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno federal en las mesas de negociación con los inconformes.
