La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado con el objetivo de fortalecer el debido proceso, los derechos humanos del personal educativo y la perspectiva de género dentro del sistema educativo estatal.
La propuesta contempla la creación de un nuevo capítulo que establecería lineamientos claros para la actuación de las autoridades educativas en procedimientos administrativos relacionados con docentes y personal educativo, sin dejar de lado la protección integral de niñas, niños y adolescentes en los entornos escolares.
Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora señaló que el objetivo es consolidar un sistema educativo que garantice tanto el interés superior de la niñez como el respeto pleno a los derechos humanos de maestras y maestros, bajo principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad y certeza jurídica.
Asimismo, explicó que aunque en los últimos años se han fortalecido los protocolos de actuación ante denuncias y medidas de protección en escuelas, aún existen áreas de oportunidad relacionadas con la claridad de los procedimientos, la homologación de criterios, la protección de datos personales y la aplicación de medidas precautorias.
La iniciativa establece que las medidas precautorias deberán ser temporales, debidamente justificadas y no podrán convertirse en sanciones definitivas sin una resolución formal previa.
De igual manera, se reconocen derechos fundamentales del personal educativo sujeto a procedimientos administrativos, entre ellos el derecho de audiencia, acceso a pruebas, defensa adecuada y trato digno.
Otro de los puntos centrales de la propuesta es incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones administrativas, con el propósito de prevenir prácticas discriminatorias y fortalecer la igualdad sustantiva dentro del sistema educativo estatal.
La diputada Adriana Meza subrayó que la reforma no limita la atención de denuncias ni la protección de estudiantes, sino que busca fortalecer la actuación institucional mediante reglas claras que otorguen seguridad jurídica tanto al alumnado como al personal docente.
Finalmente, se informó que la propuesta no representaría un impacto presupuestal adicional, ya que su implementación podría realizarse mediante adecuaciones a los protocolos y mecanismos administrativos ya existentes.
