Bajo el liderazgo de la Oficial Mayor, Linda Rangel, el Gobierno del Estado de Querétaro ha formalizado una restricción administrativa que impide la incorporación de cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a la estructura gubernamental. Esta determinación se fundamenta en la reciente reforma a la Ley de los Trabajadores, la cual establece un marco legal prohibitivo para que las dependencias del Poder Ejecutivo realicen contrataciones, sin distinguir entre personal de base o esquemas de servicios profesionales por honorarios, de aquellos individuos que presenten adeudos vigentes en sus pensiones alimenticias.
La medida trasciende la nómina interna y se proyecta hacia la cadena de suministros y servicios externos. Según lo expuesto por la funcionaria, los proveedores y contratistas que deseen entablar relaciones comerciales con la administración estatal deberán estar libres de este registro, ya que no podrán ser dados de alta en el padrón correspondiente ni celebrar contratos de obra o proveeduría. Esta política busca asegurar que los recursos públicos no fluyan hacia perfiles que vulneren los derechos de sustento básicos.
Este blindaje institucional forma parte de una estrategia integral diseñada por la administración del gobernador Mauricio Kuri, cuyo eje central es la salvaguarda de los derechos de la infancia y la adolescencia. La iniciativa se integra en un decálogo de acciones que no solo contempla la restricción laboral, sino también una profunda armonización legislativa y el endurecimiento de los controles administrativos. Además, se ha instruido una alineación en las reglas de operación de los programas sociales para garantizar que los apoyos del estado no favorezcan a quienes incumplen con sus responsabilidades familiares prioritarias.
