Una mujer ha sido vinculada a proceso en el estado de Querétaro tras ser señalada como probable responsable de los delitos de fraude maquinado y desobediencia y resistencia de particulares. Los hechos, que se desarrollaron en la capital del estado, pusieron al descubierto un esquema de gestoría ilegal de trámites vehiculares en el que se ofrecían documentos apócrifos como si fueran emitidos por autoridades oficiales.
La detención se efectuó el pasado 25 de febrero de 2026, cuando la imputada acompañó a una de sus víctimas a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El objetivo de la diligencia era verificar la autenticidad de una licencia de conducir que la señalada le había entregado previamente. Al ser inspeccionado el documento por el personal administrativo de la dependencia, se confirmó que carecía de validez oficial, lo que desencadenó una reacción agresiva por parte de la mujer contra los agentes de la Policía Estatal (POES) presentes en el lugar.
Tras su detención inicial, las autoridades profundizaron en la revisión de sus pertenencias, localizando otras cinco licencias adicionales que, al igual que la primera, no contaban con las medidas de seguridad ni las características propias de la documentación gubernamental. La investigación señala que la mujer presuntamente operaba una red de gestoría clandestina, comercializando permisos provisionales, placas de circulación y licencias de conducir fabricadas de manera irregular.
Para fortalecer la carpeta de investigación, el 26 de febrero se llevó a cabo un cateo en el domicilio de la imputada. En dicha diligencia, elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron diversas identificaciones relacionadas con el caso, documentación variada y un objeto con características muy similares a un sello oficial de una dependencia pública, el cual presumiblemente era utilizado para dar apariencia de legalidad a los documentos falsos.
Durante la audiencia inicial, un juez de control calificó como legal la detención y, tras analizar las pruebas presentadas, dictó el auto de vinculación a proceso. Como medida cautelar, se determinó la prisión preventiva justificada, fundamentada en el riesgo que la libertad de la imputada representa para la comunidad y la posibilidad de que interfiera en el curso de las indagatorias. Se ha otorgado un periodo de tres meses para que la Fiscalía realice la investigación complementaria antes de proceder a la siguiente etapa del juicio.
