El Sistema Estatal de Protección Civil ha consolidado una estrategia de colaboración entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la temporada de incendios forestales 2026. Bajo la dirección de Javier Amaya Torres, coordinador estatal de la dependencia, se ha establecido una estructura de respuesta conjunta que busca optimizar los recursos federales, estatales y municipales ante el incremento de siniestros provocados por las condiciones climáticas actuales.
La magnitud del desafío se refleja en las estadísticas oficiales de la Comisión Nacional Forestal, las cuales arrojan un saldo acumulado que ya supera las 6,300 hectáreas siniestradas en todo el territorio estatal. Este impacto se divide en tres frentes principales: el sector urbano y suburbano, que es el más afectado con 223 incidentes y más de 4,000 hectáreas dañadas; las zonas agrícolas y cerriles, donde 263 incendios han devastado más de 2,000 hectáreas; y finalmente los ecosistemas forestales, que registran 20 eventos con una afectación de 278 hectáreas de vegetación.
Dada la gravedad de estas cifras, el Consejo Estatal de Protección Civil aprovechó su primera sesión ordinaria para poner en marcha el proceso de una declaratoria de emergencia por la temporada de incendios. Esta medida administrativa busca facultar a las instituciones para acceder a mayores recursos y agilizar la toma de decisiones operativas en campo.
De formalizarse, esta declaratoria no solo permitirá un despliegue más robusto de brigadistas, sino que también será la base para una actualización integral de las capacidades del estado. Amaya Torres enfatizó que el objetivo es garantizar el adiestramiento especializado del personal y asegurar la adquisición inmediata de maquinaria pesada, herramientas de combate, insumos básicos y equipo tecnológico de vanguardia, elementos indispensables para contener la emergencia y proteger el patrimonio natural de la entidad.
