Querétaro consolida su liderazgo nacional en materia de seguridad y cohesión social con el fortalecimiento del Sistema Estatal de Justicia Cívica, una política pública impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González que apuesta por la prevención, la solución pacífica de conflictos y la corresponsabilidad ciudadana, mediante la atención temprana de conductas de riesgo.
Desde su implementación en los 18 municipios del estado en julio de 2024, el Sistema ha permitido retomar el trabajo comunitario como una sanción ante faltas administrativas y conflictos vecinales, privilegiando la reparación del daño, la recuperación del orden y el fortalecimiento del tejido social.
A través de procedimientos orales y ágiles, las personas infractoras reciben sanciones de carácter social que incluyen la rehabilitación de espacios públicos, el mantenimiento de escuelas y el apoyo en servicios municipales, lo que genera beneficios inmediatos y visibles para la comunidad.
Durante 2025, la operación del Sistema se ha consolidado en todo el estado, con un registro de 64 mil 213 faltas administrativas, de las cuales el 8.06 por ciento fueron sancionadas mediante trabajo comunitario.
Hasta el momento, se han aplicado cinco mil 176 sanciones comunitarias, con un cumplimiento del 83 por ciento, derivadas de 875 jornadas realizadas en 250 colonias, lo que ha permitido la mejora de 455 espacios públicos en la entidad.
En el marco de la estrategia de Justicia Cotidiana, se han concretado 906 convenios a través de la policía de proximidad, evitando que conflictos vecinales escalen a situaciones de mayor riesgo y fortaleciendo la convivencia social.
Este modelo adquiere especial relevancia en Querétaro, donde por cada persona detenida por la comisión de un delito se registran en promedio cinco infractores por faltas administrativas, lo que refuerza la importancia de la atención temprana y las acciones preventivas para evitar la escalada hacia conductas delictivas.
Las cinco faltas administrativas más recurrentes, que concentran el 70 por ciento del total estatal, corresponden al consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la desobediencia a la autoridad, la portación de instrumentos para el consumo de sustancias prohibidas, la portación de sustancias tóxicas y la alteración del orden público.
El fortalecimiento de las acciones de prevención y de proximidad policial ha contribuido a una reducción del 4.99 por ciento en la incidencia delictiva, de acuerdo con cifras del periodo enero–noviembre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, el Programa para la Atención de Infractores de Reglamentos Cívicos con Adicciones, operado por la Secretaría de Salud a través del Centro Estatal contra las Adicciones, ha permitido canalizar a personas con consumo problemático de sustancias a procesos de diagnóstico, atención y rehabilitación. Gracias a la coordinación entre los municipios y el estado, se han gestionado 412 tratamientos en centros especializados, favoreciendo su reintegración social y emocional.
Con estas acciones, Querétaro avanza en la consolidación de un modelo de Justicia Cívica eficaz, humano y preventivo, enfocado en atender las causas del conflicto, fortalecer la convivencia y generar beneficios tangibles para la sociedad.
