Querétaro no puede permitirse destinar millones de pesos a ejercicios que no atienden las problemáticas reales de la ciudadanía, afirmó Abigail Arredondo Ramos, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro y diputada federal, al fijar postura sobre los plebiscitos recientemente aprobados y la agenda política que se perfila rumbo a 2026.
Recordó que el pasado 30 de septiembre, los municipios de Cadereyta de Montes y Querétaro solicitaron formalmente la realización de plebiscitos. En el caso de Cadereyta, la consulta busca definir si el servicio de agua potable y alcantarillado debe pasar de la Comisión Estatal de Aguas a un organismo municipal, mientras que en la capital se pretende preguntar a la ciudadanía sobre la construcción de un teleférico que conecte San José el Alto y Menchaca con el centro de la ciudad.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó el 18 de diciembre el calendario y los presupuestos de ambos ejercicios. El plebiscito en Cadereyta se llevará a cabo el 22 de marzo de 2026, con un costo de 7 millones 936 mil 313 pesos, mientras que en Querétaro capital la consulta está prevista para el 27 de abril de 2026, con un gasto estimado de 30 millones 584 mil 501 pesos. En ambos casos, los recursos serán cubiertos con presupuesto municipal.
Arredondo Ramos subrayó que, si bien el PRI ha defendido históricamente la participación ciudadana y los mecanismos de consulta, no se debe normalizar el uso de plebiscitos como herramientas de propaganda política ni como mecanismos para evadir responsabilidades de gobierno. Advirtió que estos ejercicios no son vinculantes, por lo que, aun después de destinar cerca de 40 millones de pesos en conjunto, las autoridades no están obligadas a acatar sus resultados.
Cuestionó si vale la pena destinar estos recursos cuando existen necesidades urgentes sin resolver. En el caso de Cadereyta, señaló que los casi ocho millones de pesos podrían utilizarse para atender de manera definitiva conflictos laborales que han afectado durante años al municipio. Recordó que recientemente se negoció con el sindicato la reducción de una deuda que pasó de alrededor de 52 millones de pesos a menos de cinco millones, y advirtió que persiste la incertidumbre sobre cómo se garantizará la estabilidad financiera y laboral del ayuntamiento.
Asimismo, criticó la falta de información clara sobre el estado de las obras de rehabilitación de caminos, puentes y comunidades afectadas por las intensas lluvias registradas en octubre. Señaló que la población continúa esperando respuestas y soluciones concretas.
Respecto a Querétaro capital, la dirigente estatal del PRI destacó que más de 30 millones de pesos podrían destinarse a resolver problemas cotidianos que impactan directamente a la ciudadanía. Recordó que en agosto se invirtieron 28 millones 400 mil pesos para la reparación de 10 mil 660 baches, lo que demuestra que con montos similares es posible atender de manera inmediata las principales vialidades de la ciudad.
Añadió que, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, con 10 millones de pesos se puede dar mantenimiento a 300 kilómetros de ciclovías y ampliar 11 kilómetros adicionales, lo que evidencia la existencia de alternativas más útiles y socialmente responsables para el uso del presupuesto público.
En este contexto, el PRI Querétaro exigió que los gobiernos municipales dejen de destinar recursos públicos a ejercicios que generan ruido político y pocos resultados, y se concentren en atender las necesidades básicas de la población, particularmente en materia de infraestructura, servicios y movilidad.
De cara a 2026, la diputada federal advirtió sobre la reforma político-electoral impulsada desde el oficialismo, la cual —dijo— busca concentrar el poder, debilitar la representación plural, reducir contrapesos y poner en riesgo la autonomía de los órganos electorales locales. También lamentó que se mantenga una agenda legislativa subordinada al Poder Ejecutivo, mientras persiste un rezago de más de 3 mil 300 iniciativas sin dictaminar, principalmente en comisiones como Hacienda, Justicia, Salud y Trabajo.
En contraste, reiteró que el PRI respaldará la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, al considerar que se trata de una demanda legítima que beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras.
Finalmente, Abigail Arredondo Ramos aseguró que el PRI no será cómplice de la simulación ni del uso discrecional del dinero público, y que continuará exigiendo gobiernos responsables que prioricen las necesidades de la ciudadanía por encima de intereses políticos.
En la rueda de prensa estuvo acompañada por René Mejía Montoya, dirigente de Movimiento Territorial en el estado; Adrián Alvaradejo, presidente del Comité Municipal del PRI en Corregidora; Pablo Meré, presidente del Instituto Reyes Heroles; Aranza Buerba, secretaria general del Comité Municipal del PRI en Corregidora, y Gilberto Pedraza, secretario de Operación Política del PRI estatal.
