La diputada federal Abigail Arredondo Ramos, representante de Querétaro por el PRI, reiteró su postura en defensa de la salud y de los derechos de las juventudes, al manifestar su rechazo al dictamen promovido por la mayoría oficialista que pretendía imponer sanciones consideradas excesivas y criminalizantes respecto al uso de vapeadores y cigarros electrónicos.
Recordó que el PRI ha exigido, desde el inicio de la actual administración, un sistema de salud digno y funcional. “Han pasado siete años prometiendo un sistema como el de Dinamarca, y hoy lo único que tenemos son farmacias del bienestar”, señaló. Afirmó que su bancada respalda las medidas de protección a niñas, niños y adolescentes, pero rechaza que se intente criminalizar a quienes deberían ser protegidos. “Lo que rechazamos es que se pretenda criminalizar a nuestras y nuestros jóvenes”.
Advirtió que el dictamen original contemplaba penas de 1 a 8 años de prisión para jóvenes adultos por adquirir un vapeador, lo cual calificó como desproporcionado. “Tuvieron que corregir el dictamen gracias a que el PRI y la oposición levantamos la voz. De no haberlo hecho, hoy tendríamos una ley hecha al vapor que lastimaba directamente a la juventud”, afirmó.
Arredondo llamó a reflexionar sobre la eficacia de la prohibición absoluta. Señaló que el mercado negro de vapeadores y tabaco ilícito en México alcanza un valor estimado de 20 mil millones de pesos al año, controlado por al menos siete grupos criminales. “¿De verdad alguien cree que prohibiendo todo se resolverá el problema? Lo único que lograrán es fortalecer al crimen organizado, tal como ha ocurrido con otras drogas”, apuntó, citando experiencias internacionales.
La legisladora explicó que una prohibición sin regulación podría tener tres consecuencias graves: incrementar los ingresos y el poder de bandas delincuenciales; elevar los riesgos a la salud por la falta de control sanitario; y aumentar la exposición de menores de edad al mercado clandestino. “La prohibición no frena el consumo; solo lo hace más peligroso”, subrayó.
Sostuvo que la forma adecuada de desincentivar el uso de vapeadores es mediante una regulación firme y estricta, acompañada de programas y campañas de prevención que adviertan sobre los riesgos y daños a la salud. Aseguró que México necesita políticas reales de cuidado y no soluciones simplistas que no atienden el fondo del problema.
Finalmente, reiteró que el PRI seguirá defendiendo la libertad, la responsabilidad y el derecho de las y los jóvenes a no ser criminalizados. “No a criminalizar a las y los jóvenes. No a la prohibición desmedida. No a un gobierno que confunde castigo con política de salud”, concluyó.
