La Fiscalía General de la República (FGR) prepara una imputación por el presunto desvío de más de 320 millones de pesos contra 14 exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quienes formaron parte del equipo del entonces rector Gilberto Herrera Ruiz, hoy diputado federal por Morena. El caso, conocido como la “Estafa Maestra Universitaria”, investiga un esquema de simulación de servicios y contratos que habrían servido para desviar recursos federales provenientes de programas del Conacyt durante la administración 2012-2018.
De acuerdo con documentos en poder de Diario de Querétaro y ADN Informativo Querétaro, los señalados enfrentan la causa penal 308/2025, y deberán comparecer este viernes en audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México. La citación judicial advierte que quienes no acudan serán declarados “sustraídos de la acción de la justicia” y podrían recibir sanciones económicas. Entre los implicados se encuentran exdirectores de áreas administrativas, exabogados y exresponsables de tesorería, adquisiciones y vinculación tecnológica, todos parte del primer círculo de confianza de Herrera Ruiz durante su paso por la máxima casa de estudios.
La investigación se originó en diciembre de 2020, a partir de una denuncia presentada por el excontralor universitario, José Alejandro Ramírez Reséndiz, quien documentó irregularidades detectadas mediante una auditoría externa. Según la carpeta FED/FECC/FECCQRO/0000765/2020, los auditores identificaron pagos a terceros y convenios interinstitucionales sin evidencia de los servicios contratados, lo que habría permitido triangular los recursos. En algunos casos, los proyectos reportados nunca se realizaron o no existen registros contables que comprueben su ejecución.
El esquema detectado, de acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, replicaría el modelo de la “Estafa Maestra” federal, pero a escala universitaria: recursos públicos que salieron de dependencias federales y regresaron mediante empresas fantasma o contratos simulados. Los montos bajo revisión superan los 320 millones de pesos, de los cuales una parte significativa sigue sin esclarecerse. La FGR busca determinar el grado de participación de cada exfuncionario y si existió responsabilidad directa del entonces rector en la operación de los convenios.
Este viernes será clave para conocer si los excolaboradores de Gilberto Herrera se presentan ante el juez o enfrentan una orden de aprehensión por evasión de la justicia. Mientras tanto, el caso reabre un capítulo incómodo para la UAQ y para el propio legislador morenista, quien ha evitado pronunciarse públicamente sobre la investigación que hoy coloca a su antigua administración universitaria bajo el escrutinio de las autoridades federales.
