Minatitlán, Veracruz.— La negativa de un empresario a seguir pagando derecho de piso al crimen organizado desató un hecho violento que hoy tiene a toda una comunidad en shock. Daniel, propietario del bar “El Jalisquito”, ubicado en el municipio petrolero de Minatitlán, decidió hace tres meses cortar toda relación con los delincuentes que le exigían pagos semanales. Cansado de las amenazas y de la presión constante, optó por detener el flujo de dinero. La respuesta no tardó en llegar.
El pasado viernes, mientras se desplazaba en su camioneta en compañía de su familia, fue interceptado por dos sujetos armados, presuntamente sicarios del grupo que lo extorsionaba. De acuerdo con su testimonio, ambos abrieron fuego contra su vehículo. En un intento desesperado por proteger su vida y la de sus acompañantes, Daniel aceleró, atropelló a los agresores y terminó impactándose contra los muros de su propio establecimiento. Los dos atacantes perdieron la vida en el lugar.
Los hechos ocurrieron poco después de que el empresario recibiera amenazas directas. En mensajes previos le advirtieron que, si no pagaba, su camioneta sería “pepeada”, término utilizado en la región para referirse a ataques armados o incendiarios. Incluso mencionaron masacres previas ocurridas en 2019 y 2020 en Coatzacoalcos y Minatitlán, como un recordatorio de lo que podía ocurrirle.
Desde su detención, Daniel ha enviado varios mensajes a través de redes sociales y la cuenta oficial del bar. En uno de ellos explicó los motivos que lo llevaron a actuar: “Cada que no les daba me decían que si quería una masacre más… ellos creen que un bar es solo vender y agarrar dinero, no saben que pagamos personal, DJ, luz, agua, artistas, publicidad… ya me había cansado”. En sus palabras también expresó su preocupación por su personal, a quienes agradeció por haber estado con él desde el inicio del negocio y por soportar las duras condiciones impuestas por la extorsión.
En el mismo mensaje, difundido desde su detención, el empresario señaló: “Yo perdí mi libertad y paz, y quizá algún día me alcancen las balas de venganza. La camioneta como quiera se repone, mi negocio quizá no volverá a existir, pero si me toca ser juzgado, hagan su trabajo autoridades. No cometí ningún delito, los delincuentes están muertos y hoy la nota fue diferente a la de la semana pasada”.
Mientras tanto, las autoridades ministeriales se encuentran dentro del plazo legal de 48 horas para determinar si Daniel será vinculado a proceso penal. El caso ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde miles de ciudadanos lo llaman “valiente” y piden su liberación inmediata. El bar, por su parte, ha cerrado sus puertas con un mensaje claro: “Hoy decidimos cerrar, pero no sin antes compartir lo que hemos vivido”.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la grave situación que viven empresarios y comerciantes en el sur de Veracruz, una región asfixiada desde hace años por el cobro de piso y la impunidad con la que operan los grupos criminales.
